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Miembros de la Asamblea Ambiental de la argentina Gualeguaychú adelantaron a Efe que expresarán mañana al canciller, Héctor Timerman, su disconformidad con el acuerdo alcanzado con Uruguay para el control ambiental conjunto de un río fronterizo después de siete años de disputas.

En contraste con la buena acogida que el acuerdo bilateral tuvo hoy entre los socios del Mercosur, durante la Cumbre celebrada en la ciudad argentina de San Juan, ecologistas de la Asamblea apuntaron que no descartan protestar contra el pacto. “Queremos que nos expliquen en profundidad el convenio que se ha firmado, y manifestar que no estamos conformes, porque a nuestro entender lo que han establecido no es un monitoreo continuo, que es lo que demandamos”, indicó hoy a Efe el ambientalista Jorge Fritzler. El ecologista, uno de los diez miembros de la Asamblea que participará este miércoles de la reunión, apuntó que su respuesta dependerá de la exposición de Timerman, pero “para nada” se puede descartar retomar las medidas de protesta. Los ecologistas bloquearon entre fines de 2006 y mediados de junio el puente internacional que une su ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en rechazo a la planta de la papelera finlandesa UPM que funciona en la ribera oriental del río Uruguay, de administración compartida entre ambos países. En junio levantaron el bloqueo por 60 días, a la espera del avance de las negociaciones entre ambos países, que culminaron el miércoles pasado en el acuerdo suscrito en Buenos Aires por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su par uruguayo, José Mujica. Según el acuerdo, el monitoreo comenzará con la planta de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, seguirá en Argentina con un establecimiento a elección del Gobierno de Mujica, y continuará alternativamente en uno y otro país. Los controles serán realizados por un comité científico, que se creará en un plazo de 30 días en el seno la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por los dos países. “Queremos saber qué parámetros se van a usar en los controles, y cuánto tiempo va a durar cada intervención”, indicó Fritzler, mientras Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea, subrayó su preocupación por la “laxitud” de las normas ambientales uruguayas. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reclama el desmantelamiento de la planta de UPM, capaz de fabricar más de un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, por considerar que genera graves daños al medio ambiente.