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La Administración correntina no sólo debe afrontar sus deudas habituales, también tiene que cumplir con fallos que la condenan a hacer frente a nuevas obligaciones financieras.

Mientras trata de negociar sus deudas con la Nación, el Estado provincial debe afrontar este año pagos por unos 37 millones de pesos que provienen de sentencias desfavorables de causas judiciales seguidas contra la Administración Pública.
La información fue confirmada ayer por el fiscal de Estado Juan David Castello, quien afirmó que se espera la aprobación de la ley de Presupuesto para disponer los sistemas de pago de esos fallos.
Destacó asimismo que en sólo una causa, que se conoce como “Pinasco”, el fallo judicial determina abonar 27 millones.
En otro orden de cosas el representante letrado del Estado provincial afirmó que no se renunciará a los juicios iniciados ante la Corte Suprema y que sólo se revisarán las condiciones que se espera lleguen con el convenio de desendeudamiento.
Explicó que la Provincia patrocina cinco juicios contra el Estado nacional, “todos ellos referidos a la relación con las provincias en materia económica, cuatro de ellos a Coparticipación y todos plantean que la Nación no ha cumplido con ciertos pasos que corresponden de acuerdo a toda ley convenio”, agregando que la quinta demanda más allá y plantea la inconstitucionalidad de todo el régimen de Coparticipación que rige para Argentina.
Castello indicó que en la primera demanda pide se declare la inconstitucionalidad de la ley de 2001 que crea un fondo de autarquía para la AFIP y que se desprende de los fondos de Coparticipación. La segunda respecto del impuesto a la Ley del Cheque, una tercera sobre el 15% al sistema integrado de jubilaciones y pensiones y el cuarto sobre el incumplimiento federal de sostener los sistemas previsionales que no fueron traspasados a la Nación. “Sobre éstos no se pueden hablar de montos, ya que son indeterminados”.
Afirmó que las instancias de los procesos corren de acuerdo a los tiempos de la Corte Suprema, pero que también se debe entender que estas presentaciones guardan estrecha relación en lo que hace a lo político como a lo jurídico y hoy se transita la primera etapa.
Ante esto se animó a sugerir, a los técnicos del Gobierno provincial, revisar bien los términos del convenio a firmar por el Programa Federal Desendeudamiento.