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La nube volcánica obliga a las comitivas uruguaya y argentina a recorrer Europa de sur a norte por vía terrestre para llegar al fallo de la Corte Internacional de Justicia que deberá estipular si hubo o no una violación del Tratado del Río Uruguay con la instalación de la papelera. El veredicto, el martes.

Argentina interpuso la demanda en 2006 y cuando casi se está a punto de conocer la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el volcán islandés ha echado casi por la borda el fin de años de audiencias, declaraciones y de acusaciones. Sin embargo, la lectura del fallo tendrá lugar, según confirmaron fuentes de la CIJ a RFI porque “esta asegurada la representación de cada una de las dos partes”.
 
Aunque a más de uno le han entrado sudores fríos porque con tal caos aéreo cuando faltaban menos de diez horas para empezar la lectura del fallo, prevista para las tres de la tarde de este martes, ningún miembro de la delegación, según las embajadas de sendos países en Holanda, había llegado a La Haya, sede del órgano judicial principal de la ONU que se encarga de las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas.
 
Fuentes oficiales aseguran que llegan a lo largo de la noche por vía terrestre desde Italia haciendo cambios de trenes por el centro de Europa y cambiando de itinerarios para poder llegar a la hora a la lectura del fallo de este caso que enfrenta a dos países tradicionalmente amigos y cuyas relaciones se deterioraron en los últimos anos por este conflicto.
 
El origen del desencuentro es la instalación a orillas del Río Uruguay de la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia con la autorización del entonces presidente uruguayo Jorge Batlle, que dio los permisos de obra en febrero de 2005.
 
Sin embargo los argentinos se oponen y bloquean el puente que une Argentina por Gualeguaychú con el uruguayo Fray Bentos. Tras varias entrevistas entre el presidente argentino Néstor Kirchner y el sucesor de Batlle, Tabaré Vázquez, Argentina decide llevar el caso ante la CIJ de La Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay que data de 1975 y que prevé una gestión compartida de la cuenca.
 
La demanda es presentada en mayo de 2006. Argentina denuncia que la papelera contamina de forma irreversible el río y que pone en peligro la salud de los habitantes de la zona. Uruguay, por el contrario, rechaza estas acusaciones y afirma que no hay ningún informe científico independiente que pruebe el daño medioambiental.
 
Mientras la justicia internacional toma en manos el caso, el movimiento social crece en la ribera argentina del río con el corte indefinido del paso a Fray Bentos que dura hasta hoy en día. Se trata de una de las rutas más importantes que une los dos países con todas las consecuencias irrecuperables para la economía, ya que se trata de uno de los tres puentes que conecta los dos países.
 
Cuatro anos después, la empresa ya no se llama Botnia, sino UPM, ya que fue vendida a otra firma finlandesa. Las partes se han calmado, la presidenta argentina Cristina Fernández y el presidente uruguayo José Mujica afirman que acataran el fallo de la CIJ y se muestran más conciliadores que sus predecesores. Se espera un fallo también conciliador, tal vez no habrá demolición de la fábrica pero un cambio en su tecnología y el compromiso de no instalar más en la zona o de hacerlo de forma concertada.