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  Argentina espera que la Corte Internacional de La Haya dictamine el martes próximo que Uruguay violó un tratado bilateral al autorizar unilateralmente la instalación de dos plantas de pasta celulosa y un puerto de servicio para una de estas fábricas.

Argentina espera que la Corte Internacional de La Haya dictamine el martes próximo que Uruguay violó un tratado bilateral al autorizar unilateralmente la instalación de dos plantas de pasta celulosa y un puerto de servicio para una de estas fábricas. "Esperamos que la Corte reconozca nuestra posición y ratifique que el estatuto debe ser respetado cuando cualquiera de las partes quiera aprobar proyectos de este tipo", dijo a Efe la jefa del equipo jurídico de la Cancillería argentina, Susana Ruiz Cerrutti, quien lideró la demanda internacional que su país inició contra Uruguay el 4 de mayo de 2006. La Corte de La Haya difundirá el martes su veredicto en esta controversia, que tiene sus orígenes en los férreos reclamos que desde 2003 hacen los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú por la autorización de Montevideo a la instalación de plantas de pasta celulosa en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos, en la ribera del río Uruguay. Inicialmente Montevideo autorizó un proyecto de la española Ence, que desistió de continuar con sus planes en Fray Bentos, y luego dio el visto bueno para la instalación de una fábrica de la finlandesa Botnia y un puerto de servicio. Las protestas contra las papeleras estuvieron organizadas por la Asamblea Ciudadana y Ambiental de Gualeguaychú, que considera la planta -en actividad desde noviembre de 2007- un foco de contaminación. La controversia afectó las relaciones entre los Gobiernos de Argentina y Uruguay. El gobierno argentino abrió en 2005 un canal de negociación con Montevideo para resolver el conflicto, pero el diálogo fracasó y Buenos Aires optó por recurrir a La Haya. Argentina denunció a Uruguay ante la corte internacional tras entender que Montevideo autorizó unilateralmente la instalación y violó el Estatuto del Río Uruguay, un tratado bilateral de 1975 que reglamenta la administración compartida del curso fluvial, frontera natural entre ambos países. Este acuerdo establece que todo aprovechamiento de las aguas para uso industrial con entidad suficiente para afectar el régimen del río o su calidad deberá ser sometido sin excepción a un procedimiento de información y consulta previa, algo que, según Argentina, Uruguay no hizo. Aunque la demanda argentina no se ha centrado en dirimir la posible contaminación del río por la planta de Botnia sino en demostrar que Uruguay violó un acuerdo bilateral, Buenos Aires aportó al proceso de La Haya estudios ambientales que acreditan "síntomas de la presencia de Botnia en las características ecológicas del río". "El río pertenece a los países, de modo que uno de los países no puede decidir por sí solo sobre el aprovechamiento del río sin una consulta previa", explicó Ruiz Cerrutti. Según la funcionaria, hubo y "aún subsiste" una "decisión política" y "expresa" de Uruguay de no realizar los trámites de información y consulta previstos en el estatuto y de "no someterse" al acuerdo. "Esperamos que la Corte nos acompañe en esta defensa de un instrumento que consideramos fundamental para la vida del río y la garantía para su preservación en el futuro", agregó la funcionaria. A su juicio, la corte puede incluso dictaminar el desmantelamiento de la planta, aunque de no hacerlo, "el solo hecho de que considere aplicable el estatuto tiene muchas otras consecuencias para la empresa aún cuando ésta continúe operando". En este sentido, opinó que si el estatuto sale "fortalecido" con el fallo, Argentina podrá "exigir las garantías más importantes de poder verificar el funcionamiento" de la planta, que en octubre de 2009 fue adquirida por el grupo finlandés UPM. Un fallo de este tipo, añadió, debería "satisfacer" a los habitantes de Gualeguaychú, que desde noviembre de 2006 mantienen bloqueado el puente hacia Fray Bentos, uno de los tres que unen a Argentina y Uruguay.