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Desde la oposición al macrismo lanzaron ayer una polémica acusación sobre el Ministerio de Seguridad porteño, en medio de la investigación parlamentaria por el escándalo de las escuchas ilegales que derivó en el procesamiento judicial de Mauricio Macri. La acusación es ahora por dos expedientes mediante los cuales la cartera a cargo de Guillermo Montenegro realizó compras secretas de un software y cin-co aparatos para tareas de in-teligencia. Los diputados Diego Kravetz (peronismo) y Raúl Fernández (monobloque) apuntan a relacionar el uso de esos artefactos con las actividades a las que se volcaba el presunto espía Ciro James y que terminaron con su procesamiento y detención.  

Los legisladores tienen previsto mostrar esos documentos hoy en la comisión investigadora especial del caso de las escuchas, que ambos integran, y también entregarlos en el juzgado de Norberto Oyarbide, que lleva la causa.

Se trata de un expediente y parte de otro que les habrían sido provistos en forma anónima y que tienen el carácter de compras reservadas que no se dan a publicidad y que además cuentan con descargas impositivas y descuentos bajo esa modalidad. La Policía Metropolitana, actualmente a cargo de Eugenio Burzaco, admitió las adquisiciones, que se hicieron cuando estaba a cargo de la fuerza Osvaldo Chamorro, quien a su vez sucedió a Jorge «Fino» Palacios cuando el ex comisario fue detenido, en septiembre del año pasado.

Características

De acuerdo con la denuncia, el software es el Sentinel Visualizer, que se habría comprado por $ 580 mil, y entre sus características figura que es competente para «importación de datos desde orígenes dispares» y «análisis de redes sociales». El listado de aparatos consta de: un analizador de espectro (serviría para detectar interferencias); un detector de junturas (descubre grabadores, transmisores, micrófonos); un sistema analizador de redes y aparatos telefónicos (detecta pinchaduras); una videocámara con termografía y un receptor portátil para radiomonitoreo de campo (serviría para escuchar).

La denuncia por un lado cuestiona que esas compras se hayan hecho de manera secreta apelando a la ley de seguridad nacional y por otro a que sean elementos que deba tener la Policía porteña.

Kravetz explicó que «no hay argumento alguno que justifique las compras, es ilegal lo que hicieron desde todo punto de vista y pone en evidencia que estarían armando un sistema de inteligencia», y aseguró que «la Policía Metropolitana el mayor delito que tiene que controlar es la portación de armas, como competencia de la jurisdicción. Es de una gravedad mayor esto que estamos dando a conocer». El legislador explicó también que para adquirir la tecnología, el Gobierno porteño se respaldó «en la vieja ley de compras y contrataciones de la Nación, cuando la Ciudad tiene sus propias normas».

Si bien Burzaco prefirió conocer en detalle la denuncia antes de emitir su opinión, desde la Policía porteña aseguraron que «no hay delito, cualquier policía tiene estos aparatos». Además aseguraron que el software es «como un buscador más potente que Google que se usó para desbaratar una red de pedofilia».

Además justificaron que la compra haya sido secreta por razones de seguridad.

De acuerdo con la opinión de un especialista consultado por este diario, «en principio los aparatos son sistemas pasivos, pero hay que ver en detalle todas sus posibilidades».

Esta semana está prevista la visita a la comisión investigadora del responsable de compras y contrataciones, Edgardo Censón, que la oposición al macrismo espera con un listado de dudas, entre ellas consultará sobre los polémicos aparatos. En otro sentido, la Justicia definiría si tienen relación con la causa de escuchas ilegales en la cual Macri está acusado de presuntamente consentir la instalación de una matriz de espionaje dentro de su administración.

Ayer, en el juzgado de Oyarbide declaró el ex directivo de la Metropolitana Roberto Ontiveros, quien aseguró que James ya se desempeñaba en el área de investigaciones de la fuerza aún a la espera de que formalmente fuera designado.

Hoy la comisión investigadora retomará la audiencia con Sergio Burstein, víctima de las pinchaduras, entre otros testigos.