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La comisión de Legislación aprobó el proyecto que plantea implementar el servicio de atención “Teléfono contra la Violencia”, mediante una línea telefónica gratuita destinada a brindar asesoramiento profesional de emergencias a victimas de violencia de género, familiar o sexual. También se dio despacho favorable a la modificatoria en la ordenanza que aprobó el Sistema de Protección e Integración Laboral de las personas discapacitadas.

El expediente que promueve la creación del teléfono contra la violencia fue presentado por el bloque de Correntinos por el Cambio y “es una iniciativa se encuentra en sintonía con la aprobación de la Ley Nacional de Violencia de Género”, sostuvieron los ediles de ese espacio político.

El servicio estará a cargo de la Dirección General de Género y Diversidad de la Municipalidad de Corrientes y funcionará las 24 horas de lunes a domingo. El proyecto argumenta que el 25% de las mujeres argentinas es victima de violencia y el 50% paso por alguna situación de violencia.

Por su parte también obtuvo el acompañamiento de la mayoría de la comisión de Legislación el proyecto presentado por la concejala Gisela Gasparini acerca de rectificar el artículo 2 de la ordenanza 5324 referida al Sistema de Protección e Integración Laboral de las Personas Discapacitadas.

Con la modificatoria el artículo 2 dirá: “Formalizar la relación laboral de los agentes municipales con capacidades diferentes o que posean hijos, esposa, con capacidades diferentes o especiales acreditando la documentación pertinente (certificado del ICAL)”. Anteriormente se incluía a los hijos nada más dentro de la norma y se permitía la certificación del Ministerio de Salud.

El proyecto pide que se instituya un sistema de Protección e Integración Laboral de las Personas Discapacitadas a los efectos de concederles las oportunidades y estímulos que permitan su integración al medio socio-laboral.

A la vez se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que instruya a los responsables de las distintas áreas a realizar un relevamiento sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, garantizando la regularización laboral de los mismos.