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Casi seis meses después de su aprobación, entra en vigor la ley de salud sexual y reproductiva. A partir de hoy, y por primera vez en España, una mujer no estará obligada a dar explicaciones para abortar hasta la semana 14 de gestación y necesitará una autorización médica para abortar hasdta la semana 22.

Según el gobierno español, la ley defiende y protege los derechos de las mujeres, al tiempo que da una respuesta legal a situaciones que están al margen de una regulación.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cree que la ley del aborto entrará en vigor "con toda normalidad" y "sin mayores problemas" en todas las comunidades autónomas.
Aído declaró confiar en "la lealtad institucional" de las autonomías, y aseguró que la ley "solventa" que las mujeres que tengan que tomar una decisión "tan difícil" como la de abortar, no lo hagan "con el miedo de que su expediente acabe en un juzgado".
Reiteró que la ley ofrece "mayor seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los profesionales" y apuesta "claramente" por la prevención de embarazos no deseados y la reducción del número de abortos.
La nueva normativa aguarda un dictamen del tribunal constitucional que, tras admitir un recurso del Partido Popular, decide estos días si, mientras analiza el fondo del asunto, paraliza su aplicación. Según dijo Aído, el gobierno español "está plenamente convencido de la constitucionalidad de la ley" y espera un fallo favorable.
Sin embargo, ya aparecieron resistencias. El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que "no hay razones para acatar" la ley del aborto, ya que la norma "todavía no está en su punto final".
Unas 500 personas se concentraron en Madrid frente al Tribunal Constitucional de España para pedir que sea suspendida la nueva ley, muy resistida por sectores conservadores de la sociedad. La legislación fue el blanco de polémicas campañas por parte de varias organizaciones, como "Derecho a Vivir", que comparó el aborto con las víctimas del franquismo en varios videos difundidos por la web.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, considera que la nueva la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo "es inhumana, inconstitucional e injusta".
En los Baleares, el costo de una interrupción voluntaria del embarazo fue estiomado en unos 300 euros a los servicios de salud públicos.