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El plan reduce un 5% el salario de los empleados públicos, congela jubilaciones y suspende una serie de beneficios sociales. Además, facilita el despido, en un país con 20% de desocupación. Rechazo de los sindicatos, la patronal y el PP.

Como lo había anunciado ante el fracaso del diálogo social, el gobierno español aprobó ayer por decreto ley una reforma laboral que no apoyan los sindicatos, la patronal ni varios grupos parlamentarios fuera del PSOE. Los gremios ratificaron que para protestar contra la imposición de José Luis Rodríguez Zapatero –que consideran perjudicial para los trabajadores– convocan a una huelga general para el 29 de setiembre coincidiendo con una movilización general europea contra los planes de recortes del estado de bienestar.
“La reforma atiende los intereses de los empresarios sobre todo en la flexibilización de las condiciones para facilitar los despidos y abaratar las indemnizaciones”, afirmó un vocero de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras. La patronal también rechazó y calificó como “inadecuado” el decreto y destacó que “no está a la altura de las necesidades del país”.
Aunque no existen hasta ahora manifestaciones públicas de dirigentes o militantes socialistas, existe una muy difundida sensación de desánimo por la seguidilla de decisiones del gobierno, totalmente contrarias al programa electoral y a la línea con que se enfrentó al principio la crisis.
El plan de ajuste reduce un 5% el salario de los empleados públicos, congela las jubilaciones y abroga una serie de beneficios que había aprobado el gobierno para auxiliar a los sectores más necesitados.
Ahora, encima, cae la reforma laboral que según los sindicatos, se vuelca hacia los intereses empresarios. Varias encuestas de opinión de estos últimos días revelan abismos de hasta un 11% a favor del Partido Popular, que cada vez parece más cerca de conseguir una mayoría absoluta en los comicios de marzo del 2012. Pero, antes habrá elecciones autonómicas y municipales, algunas tan importantes como las de Cataluña en noviembre y todos los indicios apuntan a un descalabro socialista.
El decreto unilateral se produjo en medio de un enrarecimiento del clima sobre la solvencia de las finanzas españolas para hacer frente a un endeudamiento que sumado a los bonos de la deuda, y las deudas privadas de bancos y empresas, asciende al 170% del Producto Bruto Interno.
Esto se agrava porque después del riguroso plan de ajuste para hacer descender el déficit presupuestario del 11,2% actual al 3,% en 2013, las proyecciones de algunas agencias son mucho más negativas que las del gobierno en cuanto al crecimiento y la posibilidad de generar empleo.
Hay que recordar que con más de 20% de desocupación (4.600.000 de desempleados) y un crecimiento económico que volverá a ser negativo este año, los especialistas financieros se preguntan de dónde surgirán los recursos para pagar el endeudamiento.
Ayer, por tercer día consecutivo volvieron a recrudecer las versiones de que España terminará pidiendo ayuda de un plan de rescate sobre los 750.000 millones de euros de los fondos establecidos por la UE y el FMI.
Estas entidades han insistido en la necesidad de que el gobierno español aprueba una reforma laboral profunda capaz de movilizar la economía y generar empleo.
El gobierno pedirá al Parlamento que el decreto se tramite como proyecto de ley para obligar a todos los partidos a incluir iniciativas y no limitarse al rechazo o la abstención.
La reforma generaliza el uso de contratos improcedentes con una indemnización de 33 días por año trabajado. El ministro de Trabajo, Celestino Gorbacho, informó que el Fondo de Garantía Salarial, pagado con cotizaciones empresariales, “financiará ocho días de trabajo de las indemnizaciones por despido improcedente”.
También se facilitará el despido por causas económicas, no disciplinarias, en los casos en que una empresa acumule seis meses de pérdidas en sus actividades.
Inspirándose en el modelo de Austria, la reforma impulsada por el gobierno busca crear un “fondo de capitalización”, que se mantendrá “durante toda la vida laboral del trabajador y que servirá para reducir la indemnización que tenga que afrontar el empresario en caso de despido”. También se tratará de disminuir la reducción de la jornada laboral frente al despido, “abriendo la posibilidad a recortarla